Desde al menos 1987, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. ha estado encubriendo las irregularidades de sus agentes con equipos especializados destinados a mitigar la responsabilidad civil y penal, y esto es ilegal. Conocidos por varios nombres, incluidos los Equipos de Incidentes Críticos (BPCIT por sus siglas en inglés), estas unidades trabajan en la oscuridad a instancias del jefe de la Patrulla Fronteriza del sector local y han interferido en casos, negando justicia a las víctimas de su violencia y a los familiares que buscan respuestas.
En enero, los legisladores en Washington le pidieron al comisionado Chris Magnus de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, documentos relacionados con estos equipos secretos. Los Comités de Seguridad Nacional y Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes escribieron en su carta al comisionado Magnus que “el Congreso no le ha otorgado a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. autoridad específica para conducir éstas investigaciones de la mala conducta de sus agentes, y el comisionado de la CBP no ha delegado publicamente autoridad a la Patrulla Fronteriza.” En otras palabras, los BPCIT están operando al margen de la ley sin autorización del Congreso para realizar investigaciones.
Además de esto, se ha gestionado una solicitud bicameral a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. que también solicita una revisión de las funciones y responsabilidades de los BPCIT. Estos esfuerzos son buenas noticias, porque pondrán luz sobre los equipos secretos de la Patrulla Fronteriza que han interferido en las investigaciones policiales y les han permitido operar con impunidad. No hay información pública, actual y disponible sobre el papel de BPCIT dentro de la estructura de la Patrulla Fronteriza o CBP.
La Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC, por sus siglas en inglés), una coalición de los estados multifronterizos, ha encabezado el llamado a las investigaciones. En San Diego, un equipo de BPCIT manipuló las pruebas y destruyó el video de la brutal golpiza y el uso de Taser en 2010 del residente de mucho tiempo Anastasio Hernández Rojas, quien sucumbió a sus heridas. El Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego ahora le está pidiendo al Fiscal del Distrito de San Diego que investigue y procese a los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en encubrir los detalles del asesinato de Anastasio.
En una conferencia de prensa en la que se le pidió al fiscal del distrito de San Diego que tomara medidas, la abogada de Alliance San Diego, Michelle Celleri, declaró: “[BPCIT] alteró documentos gubernamentales, interfirió con la investigación y retuvo información crítica del Departamento de Policía de San Diego. Además, proporcionaron evidencia falsa, proporcionaron imágenes de video con la marca de tiempo incorrecta que era inexacta, y cuando le pidieron a la Patrulla Fronteriza que les proporcionara las imágenes correctas, ya las habían sido destruidas”.
El caso de Anastasio Hernando Rojas no es un hecho aislado. Más de 150 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza en los últimos 10 años, la existencia de los BPCIT plantea interrogantes sobre qué influencia han tenido en la obstrucción de la justicia cuando han interferido en las investigaciones. Esto incluiría docenas de persecuciones de vehículos que terminaron en pérdida de vidas y casos en los que los agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon sus armas a través de la frontera, hiriendo a adolescentes.
Los BPCIT han permitido a los agentes de la Patrulla Fronteriza evitar comportamientos atroces durante más de tres décadas, incluido el asesinato, como fue el caso de Anastasio Hernández Rojas. Deben ser abolidos, los agentes procesados y los casos en los que interfirieron deben reabrirse para incluir una revisión completa de cualquier evidencia que haya sido suprimida, alterada y ocultada deliberadamente.
Pedro Ríos es un defensor de los derechos humanos empleado desde 2003 por el Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses, donde dirige su Programa Fronterizo de EE. UU./México. Nativo de San Diego, Pedro ha trabajado por los derechos de inmigrantes y asuntos fronterizos durante más de 25 años.
