De esta manera ejerciendo sus derechos democráticos para oponerse a la política de la separación de familias.
FOTO: PEDRO RIOS
En los últimos meses, en la lucha para proteger los derechos de las comunidades inmigrantes, han ganado impulso las campañas demandando la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), la agencia encargada con el enforzamiento de la inmigración en el interior.
Las campañas están abogando por una agenda valiente, colocando en la vanguardia una política centrada en la justicia que prioriza los seres humanos sobre la separación de la familias que ICE perpetua desde su principio en 2003.
ICE regularmente aterroriza a la comunidad emigrante mientras dirige sus redadas en hogares y lugares de empleo donde pisotean los derechos. ICE se ha mantenido mayormente libre de responsabilidad cuando los migrantes han muerto bajo su custodia, o cuando sus agentes involucrados en prácticas abusivas continúan actuando con impunidad.
La demanda de abolir ICE ha ganado mucha popularidad a la vez que muchos rechazan las políticas de frontera sobre la separación de familias y tolerancia cero de la administración de Trump. Las imágenes de niños migrantes durmiendo en pisos de concreto tapados con mantas térmicas y encerrados en perreras grandes cercadas encarnan la naturaleza problemática de un sistema de inmigración roto donde ICE es uno de sus culpables.
La separación de las familias no es particular a las comunidades fronterizas. Ocurre todo los días cuando ICE lleva a cabo una redada de inmigración. En mayo 2018, una redada contundente ocurrió en San Diego donde los agentes de ICE apuntaron sus armas a unos niños y su abuela mientras rompían la puerta para entrar, tirando la orden judicial al piso después de violentamente sacar el proveedor de la familia.
ICE fue creado exactamente para esto, para fomentar el miedo mientras intenta sacar gente trabajadora de los EE.UU.
Mientras algunos sugieren que ICE puede ser reformado porque tiene cualidades redimibles, el llamado para la abolición de una agencia responsable por la golpiza de nuestras comunidades es una plataforma política razonable.
Con el lanzamiento de Operation Streamline, en San Diego, una iniciative colectiva entre el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) y el de Seguridad Nacional (Homeland Security) que acelera la acusación criminal de los que son detenidos cruzando la frontera a los EE.UU. sin inspección, más personas van a caer bajo la custodia de ICE, y el potencial para las prácticas abusivas seguramente aumentará.
