La élite del poder en el ámbito local, estatal y nacional está usando la destrucción y la muerte para fomentar su propia agenda
Hace un año, avivados por vientos huracanados, las chispas y las brasas descendieron rápidamente por las laderas y se esparcieron por las autopistas, pasando de una colina a otra en cinco condados, provocando grandes incendios en zonas residenciales completas, quemando más de 5.000 hogares y envolviendo en sus llamas a 42 personas, incluyendo a un pequeño niño que no pudo ser tan rápido como el fuego que se propagaba.
Si no todos, al menos la mayoría de los incendios de esa noche fueron desencadenados por la empresa Pacific Gas & Electric (PG&E). Uno de estos devastó un profundo valle muy poblado en el condado de Sonoma que los encargados de los procesos de planificación habían dicho que nunca debió haberse urbanizado. Esta sabana costera de robles ya se había quemado hace unos 50 años.
Ahora, los mismos urbanistas que pusieron en peligro tanto a las personas como a sus hogares en los años 90 —Gallaher y Christopherson— están reconstruyendo en la misma zona donde surgieron los mortales incendios. Y los ejecutivos de PG&E han realizado con éxito actividades de presión política en la legislatura de California para lograr su rescate financiero en cuanto al pago que debe realizar por la pérdida de vidas y de propiedades, como si este pago haría que la empresa quedara en bancarrota.
Según lo que aseguraron los legisladores, PG&E es demasiado grande como para fracasar.
Las compañías eléctricas han ocasionado si no la mayoría, al menos muchos de los incendios forestales en California, incluidas los fuegos que arrasaron con todo acre tras acre durante este año. La mayoría de estos incendios suponen la caída de árboles en los cables de redes eléctricas o de torres de servicios públicos debido a fuertes vientos, provocando que ardan los bosques durante la temporada seca.
En 2007, después de que los vientos derribaran sus cables de redes eléctricas —provocando un incendio de gran magnitud— la empresa San Diego Electric enfrentó demandas por un total de $5.600 millones. La empresa aseveró que los vientos habían alcanzado una velocidad de 90 millas por horas, pero el estado reveló que, en realidad, la velocidad había sido la mitad de lo notificado, muy por debajo de lo que por ley debían soportar los postes y las líneas eléctricas.
Durante una década después del incendio, los propietarios de PG&E en el norte de California retrasaron una iniciativa estatal dirigida simplemente a mapear áreas con líneas de redes eléctricas que podrían ocasionar incendios. Tan solo unos días antes de que surgieran las mortales llamas, la empresa logró que una vez más se retrasara la implementación de esta iniciativa.
PG&E es una empresa de “servicios públicos” solo de nombre. La misma es propiedad y está en manos de los súper ricos, la clase capitalista, los cuales trabajan con una determinación fría y calculadora para maximizar sus ganancias y las de sus accionistas.
La junta rectora de PG&E está compuesta por ejecutivos con mucho dinero provenientes del sector bancario (Goldman Sachs, Banco de América, Rothschild), de la industria energética (Duke Power, Spectra, Xcel), del sector tecnológico (Dell, Dolby Labs) y de una línea aérea (Alaska). En las fotografías de sus perfiles incluidos en la página de Internet de PG&E todos salen sonriendo.
Los principales inversionistas en esta empresa son entidades financieras con operaciones billonarias, tales como BlackRock, Vanguard y Lazard, las cuales gestionan grandes cantidades de capital ($6,2 trillones, en el caso de BlackRock).
Ellos rigen con mano dura en California, donde PG&E ejerce un grado considerable de influencia en el entorno político estatal y local. Solo en el condado de Sonoma, PG&E invierte grandes cantidades de dinero en la elección de sus candidatos, lo que incluye a James Gore, presidente de la junta de supervisores.
Con anterioridad, PG&E ocupó la presidencia de la Alianza del Condado de Sonoma, que es la cámara de comercio efectiva de este condado. Asimismo, la empresa forma parte de la junta del Consejo de Liderazgo del Norte de la Bahía, un instrumento empresarial utilizado para influir en el entorno político en media docena de condados.
Darius Anderson, un politiquero de Sonoma, incluye los asuntos gubernamentales que le interesan a PG&E en la junta de su Fundación para Reconstruir el Norte de la Bahía, que representa el intento de la élite del poder para establecer un clásico aparto “capitalista del desastre” para fomentar su agenda local — el sector vinícola, el turismo y las viviendas de lujo.
PG&E contrató a la empresa de cabildeo de Anderson para lograr que se aprobara el proyecto de ley para su rescate financiero en Sacramento. Bill Dodd, senador estatal del norte de la Bahía, cuyos financistas de campaña incluyeron a PG&E, se aseguró de que el proyecto de ley llegara hasta la legislatura.
Mientras tanto, las aseguradoras están pagando a las víctimas de los incendios menos de los dos tercios del costo del proceso de reconstrucción. Muchas de estas personas se han ido del estado. Hay inquilinos, cuyas viviendas se quemaron, que deben compartir casas o vivir en sus automóviles. Y transcurrirán hasta 10 años para reconstruir todo lo destruido.
¿Cuáles son las lecciones aprendidas a partir de este desastre originado por el ser humano? Los súper ricos tienen muy claro cuáles son sus intereses en común y están bien organizados hasta llegar al nivel de las ciudades y los condados. Si el resto de nosotros — la gran masa de la humanidad— desea sobrevivir y prosperar, también tendremos que organizarnos bien y asumir el poder.
