La Proposición 10 enfrenta al pueblo contra los latifundistas urbanos del estado.
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Los californianos acudirán a las urnas electorales en noviembre para tomar una decisión sobre un derecho de propiedad fundamental — quién controla el alquiler de las casas y los apartamentos, al igual que las condiciones para que se realicen desalojos. Al hacerlo, los residentes de California se enfrentarán a uno de los grupos de intereses corporativos más poderosos, no solo del estado, sino de todo el país.
Al votar por la Proposición 10, los californianos participarán en los comicios para determinar el derecho de las autoridades gubernamentales electas de controlar los alquileres y los desalojos, en lugar de que lo hagan los latifundistas del estado, los propietarios urbanos cuyas destellantes tarjetas habrán abarrotado sus buzones para ese entonces, haciéndose los pobres.
El triunfo de la Proposición 10 significaría que los gobiernos pueden ampliar las medidas de control de los alquileres para abarcar muchos apartamentos y casas en ciudades que ya han adoptado estas medidas, tal como sucede en San Francisco, Oakland, San José y Los Ángeles. Para otros, esto significará, cuando se apruebe, que las medidas de control de los alquileres a nivel local incluirán a cientos de miles de unidades que de otra forma hubieran quedado excluidas.
Está en juego la derogación de la famosa ley Costa-Hawkins, aprobada en 1995 con el respaldo de la Asociación de Apartamentos de California (CAA, por sus siglas en inglés). En un momento en que las principales ciudades de este estado estaban actualizando sus ordenanzas relativas al control de los alquileres, la CAA hizo uso de su influencia en la legislatura estatal para obstaculizar la aplicación de estas ordenanzas y de todas las que se aprobarían con posterioridad.
Entre otras cosas, el “grupo de interés de los propietarios” (landlord lobby en inglés), como por lo general se les denomina, lograron que los legisladores estatales limitaran el control de los alquileres al año en que se aprobaron las ordenanzas locales, o antes de esa fecha, y en cualquier nueva localidad que adoptara medidas de control de los alquileres hasta 1995 o antes.
Esto significó que San Francisco debía limitar el control de los alquileres a aquellos apartamentos construidos antes de 1978, año en que se aprobaron las ordenanzas; es decir, hace más de medio siglo. Todas las obras que se construyeran después quedaban excluidas.
El grupo de interés de los propietarios también logró que los legisladores excluyeran las casas unifamiliares y los condominios, y que le permitieran subir el costo de los alquileres cuando un inquilino desalojaba una vivienda. Ridículamente, la CAA ahora señala que la gente que se queda en un mismo lugar, aun cuando pueden pagar un alquiler más alto en otro lado, es la razón por la que las medidas de “control de los alquileres no funcionan”.
Los lectores en otras partes del país — y muchos en California — podrían no estar al tanto de que, cuando se toma en consideración el costo de las viviendas, California presente el índice de pobreza más alto de toda la nación.
En efecto, el alto costo de las viviendas es la razón por la que muchos californianos tienen que compartir viviendas, se quedan temporalmente en las casas de familiares y amigos, viven en sus automóviles o duermen en las calles. Algunos simplemente están “votando con los pies” (es decir, expresan su opinión mediante el ausentismo) al irse del estado. En una encuesta reciente, casi la mitad de los residentes del área de la Bahía de San Francisco señaló que entre sus planes estaba irse del estado en un plazo de tres años, debido al alto costo de las viviendas.
Es por todo esto que la clase obrera en California está impulsando un movimiento en todo el estado para controlar los alquileres y permitir los desalojos solo por alguna causa justificada. Junto con el movimiento que defiende a la población inmigrante, estas personas están modificando las políticas en California mediante un enfoque ascendente.
Diversas organizaciones de base, tales como Tenants Together (Inquilinos Juntos), la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE, por sus siglas en inglés) y la Unión de Inquilinos de Los Ángeles — al igual que varios nuevos grupos a favor del control de los alquileres en una ciudad tras otra— han incluido este tema en la agenda política.
A principios de este año, la legislatura estatal, dominada por los Demócratas, no pudo derogar la Ley Costa-Hawkins por un voto. Por ello, una organización de base denominada Housing Now (Vivienda Ahora) obtuvo las firmas de medio millón de votantes californianos para incluir este tema en la papeleta de noviembre.
Mientras tanto, diversos grupos locales han luchado por incluir el control de los alquileres y los desalojos solo por causas justificadas en sus papeletas locales. En 2016, varias ciudades del norte de California (Richmond, Mountain View y Alameda) lograron imponer medidas de control de los alquileres de esa forma, a pesar de que la CAA gastó millones de dólares para oponerse.
Este año, fueron las ciudades del sur de California las que en su mayoría hicieron este intento: Pasadena, Glendale, Inglewood, Long Beach, National City y Santa Ana. No todas lograron incluir el tema en la papeleta. En el norte, Sacramento y Santa Rosa no lo hicieron. Pero la lucha continúa. Y un gran triunfo para derogar la Proposición 8 en noviembre mostrará de qué lado está soplando el viento.
