En los pasados meses inmigrantes detenidos en tres lugares diferentes en la costa oeste del país han usado huelgas de hambre como herramienta de protesta para llamar la atención del público a las terribles condiciones de detención que enfrentan.
Uno pensaría que bajo este nuevo régimen fascista en el que vivimos en los EE. UU., la gente vulnerable que ha sido usada como chivo expiatorio no protestaría. Aun menos mientras son puestos en detención para ser procesados para su deportación.
Sin embargo cientos de personas en Tacoma en Washington, The Dalles en Oregon y Adelanto en California exigen que se les dé alimentos comestibles, atención médica, ropa limpia, audiencias sin retrasos, fianzas accesibles y no más transferencias a otras cárceles fuera de estado.
Durante las huelgas de hambre que ocurrieron a partir del 10 de abril de este año hasta principios de julio totalizaron 28 días de huelgas tan sólo en Tacoma. Las represalias no se hicieron esperar: desde amenazas de forzarles a comer, confinamiento solitario y transferencias fueras de estado, hasta impacto en sus casos de inmigración y ataques violentos y físicos. Tal fue el caso de Adelanto donde los huelguistas fueron bañados en gas pimienta, golpeados y luego enviados al “hoyo”.
En el caso de Adelanto y Tacoma, es la misma compañía de prisiones privadas que se beneficia del encierro de miles de personas en espera de una decisión sobre su futuro: Geo Group. Geo, junto con otras corporaciones que viven de la criminalización de los inmigrantes, ha invertido en un sistema político que le permite hacer una cantidad ridícula de ganancias netas.
Pero para que esta administración cumpla su meta de deportar a todos nosotros requerirá también del apoyo de cárceles y gobiernos locales. Ese es el caso de Oregón donde la cárcel Norcor aloja cada día a más gente que esta bajo la custodia de ICE.
Los detenidos son transferidos temporalmente a ese lugar donde es imposible tener acceso a una biblioteca con materiales de leyes de inmigración. Garantizando de esta manera perder la posibilidad de representarse a uno mismo y ganar el caso para evitar la deportación.
Debemos parar las maneras en que ambos, gobierno y compañías, se beneficien económica y políticamente de la criminalización de inmigrantes: primero, dejar de creer que hay comunidades que merecen ser deportadas, y segundo parar la normalización de este sistema lucrando de la estancia de seres humanos en jaulas bajo las peores condiciones de vida y violaciones a los derechos humanos.
