Hace veinte años, el TLC declaró que la educación pública ya no era un derecho social; en cambio fue declarado un “servicio” que podría ser comercializado, comprado y vendido como una mercancía. Desde entonces, algunas corporaciones desde Canadá a Argentina han tomado el control de la educación pública. Los gobiernos han colaborado abiertamente con estas corporaciones para privatizar la educación pública en varias maneras.
Rupert Murdoch, un magnate de los medios de comunicación, ha declarado que el mercado de la inversión privada en la educación pública de los Estados Unidos vale 500 mil millones de dólares. Las corporaciones pueden esperar que recibir este pago por crear una nueva infraestructura para la educación pública, una que se basa en la electrónica. En este momento, los préstamos estudiantiles son el negocio tercer más rentable en el país, sólo superado por Exxon y Apple; generaron 41.3 mil millones de dólares en beneficios para el gobierno federal el año pasado. Estos beneficios fueron distribuido por el gobierno a las mismas corporaciones que contribuyen a la deuda.
La propaganda corporativa afirma constantemente que las escuelas públicas están fallando y que “los profesores malos” y sus sindicatos son el enemigo. No hay duda que la educación pública ha sido deliberadamente paralizada e insuficientemente financiada durante generaciones. Sin embargo, si se excluyen de la comparación las escuelas con una tasa de pobreza por encima del 50%, las de los Estados Unidos reciben la calificación más alta en el mundo. El gobierno no disminuye la pobreza que paraliza nuestras comunidades al negarse a garantizar los derechos públicos.
En los EE.UU, se parece que la educación pública se financia localmente. En efecto, cada administración municipal en el país firma los cheques. Sin embargo, el control político de la educación pública está directamente en las manos del gobierno federal con el programa de Obama, Race To The Top (RTTT), y muchas otras políticas. Este programa rompe con el principio histórico de financiar la educación basada en una garantía de igualdad; en cambio, RTTT sólo proporciona fondos a los distritos escolares que están de acuerdo con diversas formas de control corporativo sobre su programa educativo.
Control político federal garantiza la fragmentación del financiamiento educativo. Esto crea un mercado en que las corporaciones pueden tomar el control de las escuelas. Al mismo tiempo, se nos dice que la meta de una educación es conseguir un buen empleo, aunque los puestos de trabajo que soportan a una familia se ven disminuidos por la automatización.
Educación pública necesita una nueva visión para el futuro; una visión en la que todos los niños se educaran a su máximo potencial, y una en la que las corporaciones no controlaran los puestos de trabajo que son cruciales para la gente.
Cada batalla por la educación pública comienza como una batalla local contra la administración municipal. Igualmente, cada victoria local posteriormente es estrangulado por una carencia de financiación al nivel local y estatal. La verdadera financiación que garantiza la educación pública de calidad igual para todos sólo existe al nivel federal.Esta realidad exige que las luchas locales se junten y presionen al gobierno federal para nacionalizar la educación en nombre del pueblo, no las corporaciones.
