La interminable saga de la desposesión de propietarios de viviendas dentro de la clase obrera por parte de los megabancos
Ya se han enviado por correo los cheques y se han repartido los miles de millones que los bancos debían dar a los propietarios de casas para reparar los daños ocasionados durante la crisis de viviendas.
Resulta que hasta eso fue un acto fingido, un engaño.
Si usted o sus amigos —-o sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, o todos los anteriores— perdieron su hogar debido a su ejecución hipotecaria después de que estallara la burbuja inmobiliaria, tienen derecho a enojarse. Una vez más.
Hace un año, los cinco megabancos suscribieron un acuerdo de $25,000 millones con los fiscales generales estatales y del gobierno federal. La mayoría de estos fondos debía enviarse a los propietarios de viviendas que los bancos habían embargado.
En enero anterior, los megabancos llegaron a otro acuerdo de $8,500 millones con la Reserva Federal. Gran parte de estos fondos también eran para las víctimas de los embargos bancarios.
Pero lo siguiente fue lo que realmente hicieron.
Durante la crisis, cuando muchas personas intentaron lograr que se modificaran sus préstamos, los bancos las hicieron pasar por situaciones muy difíciles — y después las embargaron de todas formas.
Las hicieron que pasaran de un representante de servicios a otro, perdieron repetidamente los documentos que estaban tramitando y les exigieron que empezaran desde cero, para después denegarles todo porque sus solicitudes estaban “incompletas” y las inundaron con notificaciones y avisos de embargo hipotecario.
Los bancos no estaban abrumados (tal como lo afirmaban), ni eran incompetentes (tal como todos creíamos). Todo estaba planeado y lo estaban haciendo a propósito.
Esto salió a la luz en una demanda legal contra el Banco de América en Massachusetts. Seis ex empleados de este banco testificaron que sus jefes le habían ordenado que desalentaran a la gente — “Se nos dijo que mintiéramos” y que se denegaran las solicitudes de préstamo “por cualquier medio que pudiéramos”.
Según lo informaron, los supervisores recorrían los pisos con audífonos puestos para escuchar las llamadas de los representantes de servicio al cliente. Asimismo, los supervisores entregaban bonos de $500 por cada 10 embargos hipotecarios que lograban efectuar y $25 por denegar una solicitud de préstamo. También rebotaron los préstamos que ya se habían aprobado y despidieron a los empleados que no lograron satisfacer su cuota de embargos hipotecarios.
Esto es lo que el acuerdo por una suma de $25,000 millones debía compensar. Y ahora los bancos afirman que es algo con lo que ya han cumplido.
Y esto no les ha costado nada. Lo que han hecho es condonar deudas que no eran recaudables. Mucho por lo cual desean reconocimiento es el hecho de haber obligado a las personas a efectuar las denominadas ventas en corto (vender la vivienda a un precio menor que la hipoteca) y a cancelar la segunda hipoteca para permitir que eso sea posible.
La preciada y poca ayuda se ha dirigido a reducir las hipotecas y a que las personas se queden en sus hogares.
Los bancos hubieran hecho esto de todas maneras, con o sin acuerdo. Pero ahora están alardeando y jactándose de que han ofrecido el doble de ayuda de lo que estaban obligados para mitigar las deudas. Esto debe ser un buen negocio.
¿El resultado final? Se ha obligado a la gente a salir de sus hogares, que en su gran mayoría se han sido vendidos a los fondos de cobertura (también denominados de inversión privada de alto riesgo), los cuales están comprando miles de viviendas y alquilándolas a las propias familias a quienes pusieron en la calle.
Y la situación está empeorando. Cuando el enfado de la gente era más fuerte contra los bancos, la Reserva Federal los obligó a que aceptaran revisar todas las cuatro millones de hipotecas embargadas y rectificaran cualquier error. Supuestamente, las víctimas recibirían $15,000 y se les devolvería su vivienda, o bien $125,000 adicionales, si ya la habían vendido.
No había que preocuparse. Los bancos contrataron a sus consultores más cercanos para que efectuaran las revisiones, les pagaron $250 la hora – con dinero de los contribuyentes – para que se hicieran de la vista gorda. Y después de revisar únicamente 111,000 expedientes, cancelaron de forma abrupta todo, desviando así los $8,500 millones del acuerdo. La Oficina General de Contabilidad del gobierno, que es un órgano contralor, expuso esta situación.
Y esto no termina aquí. Como parte del acuerdo de $25,000 millones, los bancos acordaron cambiar la forma de hacer las cosas – ya no habría que participar en el juego de las sillas musicales con los representantes de servicio al cliente, ya no se “perderían” los documentos, ya no se denegarían más préstamos sin ninguna explicación…
Pero esto ha continuado sucediendo. El Fiscal General de Massachusetts ha afirmado que nuevamente están haciendo todo esto. Por su lado, el Fiscal General de Nueva York está demandando a Wells Fargo por “obstrucciones y retrasos kafkianos” en las negociaciones de las modificaciones de los préstamos.
Así que enójense. Una vez más. Y esta vez, hagamos algo al respecto.
