Foto: Yvette Martinez
Después de una protesta multirracial, el alguacil subalterno desistió de aplicar una política que únicamente permitiría que los reos recibieran tarjetas postales.
En mayo anterior, en San José, el alguacil subalterno John Hirokawa no pudo evitar sonreír burlonamente al explicar ante un salón lleno de personas opuestas a sus acciones, que él sabía que su nueva política para limitar las cartas que se recibían en la cárcel del condado —y que solo permitiría el ingreso de tarjetas postales— provocaría una “tormenta” de protestas, pero éstas “pasarían al olvido” en unos tres meses.
Sin embargo, tres meses después, no sólo él sino también el alguacil del condado de Maricopa (Arizona), Joe Arpaio, quien aplicó por primera vez esta política, han tenido que dar marcha atrás debido a la tormenta que desencadenaron.
Evidentemente, ambos alguaciles pensaron que podían hacer lo que quisieran con los reos y utilizaron la endeble justificación de que el hecho de recibir sobres como parte de la correspondencia entrante en las cárceles representa un riesgo para la seguridad de los reos y del personal —debido a la posibilidad de recibir drogas y otro tipo de contrabando, al igual que por las lesiones que sufren quienes se encargan de abrir la correspondencia en las cárceles, debido a estos movimientos repetitivos.
Sin embargo, cuando los residentes de San José exigieron estadísticas sobre el verdadero grado de este supuesto problema, el alguacil subalterno no pudo ofrecer ninguna información.
Poco tiempo después, Hirokawa se vio confrontado por un grupo multirracial de furiosos oponentes, organizado por Silicon Valley De-Bug, la NAACP y otras organizaciones de la Coalición para la Justicia y la Rendición de Cuentas.
Ex reos, familiares y activistas expresaron súplicas muy emotivas y sostuvieron categóricamente que las cartas son un medio vital para los presos, las cuales no sólo les ayuda a transformar sus vidas de forma positiva, sino también a evitar el suicidio.
Ramona Redmond, residente de San José y cuyo novio está en la cárcel, dijo que “esto no es correcto. ¿Cómo puedes escribir en una tarjeta postal todo lo quieres decirles? ¿Qué debes hacer supuestamente? ¿Enviarles 1,000 postales?”
Hubo lágrimas cuando un ex reo tatuado explicó que las largas cartas que le enviaba su esposa a la Prisión de Pelican Bay, en California, le ayudaron a hacer cambios positivos en su vida.
La política que propuso el alguacil subalterno para limitar toda la correspondencia entrante, excepto cartas de índole legal y las tarjetas postales, debía entrar en vigencia a partir del 1° de junio.
Pero la oposición —que incluyó a afroamericanos, latinos y anglosajones, unidos más allá de las líneas raciales— obligaron a Hirokawa a aceptar reunirse para negociar otras soluciones alternativas. En un principio, se retrasó la aplicación de cualquier nueva política relativa a la correspondencia carcelaria y posteriormente, el 9 de agosto, el alguacil subalterno tuvo que desistir y desechó por completo su plan sobre las tarjetas postales.
En Arizona, el alguacil Joe Arpaio también se ha visto obligado a luchar para apaciguar la tormenta que él mismo desencadenó.
Presionado por los oponentes de Arpaio, hace más de un año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda judicial, sosteniendo que había un “patrón de discriminación contraria a la ley” por parte del alguacil y alegando que con frecuencia se ha catalogado de “estúpidos” a los latinos del condado de Maricopa, o éstos han sido víctimas de insultos e improperios étnicos.
Si bien Arpaio es tristemente célebre por sus ataques contra los latinos, sus políticas, tales como limitar la correspondencia carcelaria a sólo tarjetas postales, se han propagado para perjudicar a los prisioneros de toda procedencia étnica. Pero el alguacil Arpaio se ha topado con un gran obstáculo.
Cuando el caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue a juicio ante el juez de distrito Murray Snow en Phoenix, Arizona, Arpaio perdió. El juez federal confirmó que el alguacil y sus comisarios utilizaron la caracterización racial (“racial profiling”) en contra de los latinos. Si bien la página de Internet del condado de Maricopa todavía incluye la política de Arpaio sobre la limitación de la correspondencia carcelaria a sólo tarjetas postales, el alguacil se encuentra bajo serios ataques.
Ahora que ha fallado en contra de Arpaio, el juez en Phoenix debe redactar una orden detallada y para ello ha instruido a ambas partes a que expresen sus puntos de vista el 15 de agosto. Asimismo, ha programado para el 30 de agosto una audiencia sobre la redacción exacta de la orden en contra de Arpaio.
Durante mucho tiempo, los agentes policiales, tales como Hirokawa y Arpaio se han comportado violentamente contra las minorías, en lo que parece ser una forma ilimitada de acciones. Pero actualmente se ha intensificado la lucha y ahora ellos están enfrentando algunos límites. Si bien todavía impera el terror de Arpaio en Arizona, especialmente en la comunidad latina que reside allí, se han puesto en marcha esfuerzos de revocación dirigidos a buscar la forma de destituirlo de su cargo actual como alguacil.
Unido más allá de las líneas raciales, el pueblo de San José ha demostrado que sí es posible vencer a alguaciles como Hirokawa —y como Arpaio.
