En artículos escritos para Thruthout, al menos 56 migrantes —en su mayoría de Guatemala y muchos con familias con niños menores— que los contrabandistas estaban transportando desde la región fronteriza en el sur de México hasta el centro del país en Puebla resultaron muertos en un aparente accidente automovilístico, mientras que decenas más se lesionaron gravemente.
Este acontecimiento trágico e indescriptible se está reportando ampliamente como un “accidente” en un sentido más fundamental —como un suceso excepcional que está fuera del control de cualquiera, al margen de la voluntad humana o de las estratagemas del poder político. Sin embargo, para muchas personas que han dedicado sus vidas a la defensa de los derechos de los migrantes en todo el mundo, el hecho de lamentar la pérdida de estas vidas devastadas está impregnado por el reconocimiento de todas las formas en que las muertes y el sufrimiento de los inmigrantes se han normalizado por completo, como resultado de las políticas migratorias imperantes.
Desde esta perspectiva, las muertes recientes de los migrantes en Chiapas, así como 651 más en la frontera entre México y los Estados Unidos en 2021, lo cual representa un nuevo récord, junto con más de 7.000 muertes desde 1998 y decenas de miles más a nivel mundial, representan, en su mayoría, un costo humano no contabilizado de las políticas de contención y represión de los flujos migratorios “irregulares” que se han impuesto en todo el mundo. El número de víctimas de este incidente es el número más alto de muertes de migrantes en un solo caso desde la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, a tan solo 90 minutos de la frontera con los Estados Unidos, que se perpetró en agosto de 2010, y el descubrimiento de fosas comunes con cientos de víctimas más en la misma región en marzo de 2011.
Este tipo de actos dirigidos a los migrantes para perseguirlos, aterrorizarlos y matarlos debido a su situación e identidad como migrantes asignan a estos incidentes una dimensión genocida y generan su reconocimiento, como mínimo, como “crímenes de lesa humanidad”, de conformidad con los artículos 6 y 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, junto con su jurisprudencia e interpretaciones relevantes. Esto incluye “matar” a miembros de un grupo social identificable y “otros actos inhumanos de carácter similar que causen de forma intencional grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental y física”.
Todas estas muertes son el resultado inmediato del paradigma de una “prevención a través de la disuasión” que las autoridades tanto de los Estados Unidos como de México han aplicado enérgicamente y de forma conjunta en ambos lados de la frontera. Esto es lo que representa la base de los dos mecanismos principales de exclusión: el Título 42 y la política de “Permanecer en México” (o los Protocolos de Protección al Migrante —MPP, por sus siglas en inglés) que la administración de Biden heredó de los peores días de la época de Trump y que continúan implementándose y ampliándose con la complicidad de México. De forma conjunta, en la práctica, estas dos políticas han negado el derecho de buscar asilo tanto en la frontera de los Estados Unidos como en el territorio mexicano, y han enviado al exilio a aquellas personas que buscan asilo, sin importar que deberán enfrentar condiciones precarias y que amenazan sus vidas, debido a la violencia y a la persecución que sufren en México, en campamentos improvisados sin acceso a una asistencia humanitaria adecuada.
Las autoridades tanto de México como de los Estados Unidos encubren estos abusos bajo la retórica de una migración “segura, ordenada y regular” que promueve el Pacto Mundial para la Migración. La Unión Europea y sus periferias han aplicado políticas similares con regularidad, así como Australia y sus inmediaciones, con resultados y costos humanos convergentes. Mientras tanto, es sorprendente la forma en que los voceros del Secretario General de las Naciones Unidas y otros han aprovechado las noticias de Chiapas —y de forma similar, la manera en que otros han respondido a las muertes masivas de migrantes en el Mediterráneo o en el Canal de la Mancha— como ocasiones para hacer un llamado a aplicar medidas aún más estrictas de una migración “controlada”.
Los migrantes continúan estando al margen del “orden internacional basado en reglas” y seguirán estándolo hasta que se pueda reconocer plenamente el derecho al refugio, al asilo, al santuario, a la solidaridad y la hospitalidad en todo el mundo.
Las medidas de este tipo se han aplicado en la frontera entre México y los Estados Unidos, mientras que, al mismo tiempo, México se ha sumergido en la peor crisis de derechos humanos en su historia reciente, la cual ha dado origen a cientos de miles de personas muertas y a decenas de miles de víctimas de desapariciones forzadas, lo que incluye al menos 70.000 migrantes que han sido secuestrados y traficados desde 2011. En el caso de las mujeres y las niñas migrantes, se les ha sometido a una violencia sexual recurrente dentro de este contexto general. Las muertes de los migrantes en Chiapas ocurrieron al final de la misma semana que inició con el anuncio conjunto de la administración de Biden y las autoridades mexicanas de que la política conocida como “Permanecer en México” se estaba reactivando y ampliando para abarcar a las personas provenientes de todo el hemisferio occidental que estaban buscando asilo.
La mayoría de las víctimas de la tragedia que ocurrió en Chiapas eran de origen indígena guatemalteco, además de otras personas provenientes de Ecuador, Honduras y la República Dominicana. La migración de las comunidades indígenas más pobres y marginadas de Guatemala ha aumentado vertiginosamente desde 2014, en medio de un creciente nivel de hambre y las devastaciones del cambio climático inducido por los megaproyectos neoliberales de desarrollo en muchas de las mismas regiones donde, con el respaldo de los Estados Unidos, se concentró la violencia genocida durante la década de los 80. Mientras tanto, los Estados Unidos continúan aceptando el liderazgo actual del país, el cual es corrupto e ilegítimo, y adiestrando, armando y financiando a las fuerzas de seguridad de Guatemala, las cuales golpean y atacan con gases lacrimógenos a las caravanas de migrantes, que incluyen a mujeres y niños, como parte de las mismas políticas de contención que los Estados Unidos y México imponen en sus fronteras.
Se recibieron las noticias sobre las muertes de los migrantes en Chiapas en medio de la observancia generalizada, tanto en México como a nivel mundial, del 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos, con motivo de la celebración del 73° aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. También se recibieron estas noticias muy poco antes de celebrar el Día Internacional del Migrante, cuya observancia mundial es el 18 de diciembre para conmemorar la fecha de la adopción del tratado principal de la ONU que se centra en los derechos de los migrantes. Pero la tragedia de México nos recuerda qué tan distantes se encuentran los migrantes de las medidas de protección que se supuestamente se acuerdan a través de tales instrumentos, por parte de Estados tales como México o los Estados Unidos, o bien los que forman la Unión Europea.
Los migrantes continúan estando al margen del “orden internacional basado en reglas” que se festejó durante la “Cumbre por la Democracia” que auspició la administración de Biden, y seguirán estándolo hasta que se pueda lograr el derecho a la libertad de movimiento de todos aquellos a los que se les ha negado vivir en condiciones dignas en sus comunidades y países de origen, y hasta que se pueda reconocer plenamente el derecho al refugio, al asilo, al santuario, a la solidaridad y la hospitalidad en todo el mundo.
Mientras tanto, se continuarán recibiendo noticias sobre tragedias como la de Chiapas y los migrantes a nivel mundial continuarán buscando la dignidad y la libertad que el orden neoliberal mundial y la complicidad de sus países de origen, de tránsito y de destino les han negado.
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