Se publicó una versión más larga de este editorial en nuestra publicación hermana, People’s Tribune
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A medida que crece el movimiento por el cambio real y la democracia real en Estados Unidos, algunas personas y corporaciones poderosas se sienten amenazadas incluso por una democracia limitada, y preferirían que este país sea sometido a una dictadura corporativa de una forma u otra. El campo de batalla central donde se libra esta lucha entre la democracia y dictadura es la arena electoral, incluso en torno al derecho al voto.
Existen cinco tácticas que se están usando para quitarnos el derecho al voto.
- Eliminar a los votantes de las listas. Al menos 17 millones de votantes fueron eliminados en todo el país entre 2016 y 2018. Muchos no sabran que han sido eliminados hasta que se presenten a votar.
- Manipular distritos electorales para privar de sus derechos a ciertos votantes, especialmente los pobres y los votantes de color, durante el proceso de redistribución de distritos, que está en marcha este año.
- Decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos que limitan el poder del gobierno federal para proteger los derechos de voto.
- Aprobar leyes de supresión de votantes que erigen barreras innecesarias para que la gente se registre para votar, vote por correo o vote en persona.
Public Citizen informa que desde 2015, las corporaciones en los Estados Unidos han dado $ 50 millones a los legisladores estatales que apoyan los proyectos de ley de supresión de votantes. En los últimos años se han presentado cientos de proyectos de ley contra los votantes en los estados (425 solo este año en lo que va de año) y se han aprobado docenas, a menudo bajo el pretexto de “luchar contra el fraude electoral”.
Según el Brennan Center for Justice, entre el 1 de enero y el 27 de septiembre de 2021, al menos 19 estados promulgaron 33 leyes que dificultan el voto de los estadounidenses, y estos suelen ser estados donde votar ya era difícil. Los estados que han aprobado leyes de votación restrictivas se concentran en el sur y el oeste entre montañas.
Texas es un ejemplo de ello, ya que recientemente se aprobó el SB 1, uno de los proyectos de ley de supresión de votantes más completo y oneroso del país.
Como muestra la lucha en Texas, los derechos de los votantes estadounidenses son vulnerables precisamente porque la votación está regulada a nivel estatal.
Pero ahora hay dos proyectos de ley ante el Congreso que impondrían, o reimpondrían, algunos estándares nacionales diseñados para proteger el derecho al voto.
Una es la Ley de Promoción de los Derechos Electorales de John Lewis. Esta ley fue propuesta por los demócratas del Senado, la cual restablecería el poder del gobierno federal para supervisar las leyes de votación estatales y para prevenir la discriminación. Los fallos de la Corte Suprema de los EE. UU. en 2013 y 2021 dificultaron que los demandantes que alegaban discriminación, desafiaran las leyes estatales de votación, en virtud de la Ley federal de derechos de voto.
La Cámara aprobó su versión de la Ley John Lewis en agosto. En el Senado, Joe Manchin de West Virginia es el único demócrata que no firmó como copatrocinador, aunque ha dicho que apoya el proyecto de ley. Los republicanos del Senado se oponen a este.
El otro proyecto de ley se originó como la Ley Para el Pueblo, que, según su patrocinadora, la senadora Amy Klobuchar, “restauraría la promesa de la democracia estadounidense al tratar contra la intimidación y la represión de los votantes, poniendo fin al poder de contribuciones corruptas en las campañas, poniendo un fin a la redistribución de distritos (gerrymandering) y fortalecer las leyes de ética “.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara hace más de seis meses, pero los republicanos pudieron bloquearlo en el Senado este verano porque Joe Manchin se negó a apoyarlo. Desde entonces, Manchin y Klobuchar han acordado un proyecto de ley de “compromiso” más débil, la Ley de la Libertad de Voto. Entre otras cosas, la ley establecería políticas nacionales uniformes sobre boletas por correo, votación anticipada y registro de votantes, que varían ampliamente entre los estados. Los republicanos todavía se oponen a ella.
La supresión de votantes es un paso gigante hacia una dictadura abierta.
Las elecciones tienen consecuencias reales, en términos de qué tipo de leyes se aprueban, qué voces se escuchan y cuales no, qué tipo de decisiones toman los tribunales, quién obtiene recursos para sus comunidades, etc.
El derecho al voto debe considerarse sagrado y protegerlo es una parte clave para evitar una dictadura y avanzar hacia una democracia real. El movimiento debe aumentar la presión en las calles, tanto para detener la supresión de votantes a nivel estatal, como para obligar al Senado a poner fin al obstruccionismo y aprobar fuertes proyectos de ley federal para el derecho al voto.
La aprobación de estos proyectos de ley no marcará el fin de la lucha, pero será una victoria necesaria en la larga lucha que tenemos por delante.
