Solo durante el mes de enero, se reportaron 121 casos de coronavirus dentro del centro de detención NWDC; más de la mitad de los casos ocurrieron entre la población inmigrante detenida
Tacoma, Washington, EUA – Las autoridades migratorias a cargo del ahora infame Northwest Detention Center (NWDC, por sus siglas en inglés), han permitido la propagación del COVID en medio de una población vulnerable. Solo durante el mes de enero, se registraron 121 casos dentro de NWDC: 65 entre la gente detenida, incluyendo una hospitalización, 49 entre guardias trabajando para la compañía penal privada GEO Group y 10 empleados de ICE (por sus siglas en inglés), incluyendo algunos que trabajan en el área médica del centro de detención. Testimonios provenientes de otras prisiones y centros de detención sugieren que estos números subestiman el volumen real del contagio, por causa de incompetencia administrativa. Para darle perspectiva a los números de enero, actualmente hay 346 personas detenidas en el centro de detención; por tanto, alrededor del 19% de la población sufre del coronavirus. El resto de la población vive en peligro latente.
El público tiene acceso a estos datos gracias al trabajo del grupo activista de base La Resistencia, quienes han estado liderando llamados de reclamo desde el comienzo de la pandemia. El resultado de esta abogacía política ha sido una demanda pendiente y un arreglo judicial por el cual NWDC tiene que revelar sus datos pertinentes al COVID a una corte federal de distrito. Las condiciones dentro del centro de detención privado son tan deplorables que el año pasado, la legislatura estatal aprobó una ley para prohibir la operación de centros de detención y prisiones privadas en el estado con fines de lucro, estableciendo de esta manera el cierre de NWDC para el 2025. Frente a estos abusos de derechos humanos, la Resistencia demanda un cierre más pronto de la facilidad, para septiembre de este año cuando los contratos federales son renovados a través de la aprobación del presupuesto por el Congreso.
Según Maru Villalpando, miembro de La Resistencia, “Los casos de COVID acumulados en NWDC señalan que ya es hora de cerrar esta instalación para siempre. No hay forma de mejorar las condiciones en esta prisión. Nuestros representantes federales deben trabajar en esto, y ayudarnos a presionar al Presidente Biden a que cumpla su promesa de cerrar los centros de detención privados”.
La población inmigrante dentro de NWDC se ha movilizado constantemente en contra de las injusticias que enfrentan de parte del sistema migratorio, empezando con huelgas de hambre que se remontan al 2014. Por años, La Resistencia trabajó con gente detenida para denunciar la explotación laboral que enfrentan por parte del mismo centro de detención, donde se les pide colaborar con trabajo de limpieza y mantenimiento a cambio de $1 al día. El resultado fue una victoria judicial por la cual NWDC debe de pagar salario mínimo a sus trabajadores, así como restituir pagos a trabajadores previamente explotados.
Una persona de origen Ucraniano detenido en NWDC y en proceso de ser deportado mientras su país se encuentra amenazado con la guerra, dijo a La Resistencia durante una llamada telefónica: “He estado detenido por más de 2 años ya, me dio COVID en la prisión donde terminé mi sentencia, luego el año pasado me dio COVID de nuevo aquí en NWDC, y este mes me enviaron a aislamiento de nuevo por otra exposición al COVID. Tengo condiciones médicas preexistentes y, aún así, ICE se rehúsa a liberarme. Mi país está al punto de la guerra, y este lugar me ha enfermado, ¿qué más quieren [ICE] de mí?”
La Resistencia es un grupo político de base en el estado de Washington, liderado por personas indocumentadas en solidaridad con los detenidos en el NWDC; su meta es cerrar el centro de detención y ponerle un fin a toda detención y deportación.
Es un hecho: El Programa de protección de cheques de pago de $800 mil millones terminó siendo otro regalo para la élite adinerada. La investigación realizada por David Autor, un economista del MIT, reveló que más de $ 366 mil millones de alivio PPP de la era COVID se destinaron al 20% superior de los asalariados. Y, la mayoría de los fondos nunca llegaron a los cheques de pago de los trabajadores, sino a los bolsillos de los más ricos del país.
