En un artículo de opinión publicado el 27 de septiembre de 2021 en el San Diego Union-Tribune, Pedro Ríos, un defensor de los derechos humanos del Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses(AFSC por sus siglas en ingles) del Programa Fronterizo México / Estados Unidos comenta contra una estrategia de aplicación fronteriza mortal iniciada a mediados de 1990, conocida como “prevención a través de la disuasión”.
FOTO: PEDRO RIOS
Durante el último fin de semana de agosto, un equipo de Water Stations (Estaciones de Agua), una organización compuesta totalmente por voluntarios que colocan estaciones de agua en los desiertos del Condado Imperial para evitar la muerte de migrantes, descubrió el cuerpo de Rafael Borromeo López, de 52 años, al lado de las vías del tren, al oeste del pueblo de Ocotillo en el desierto. Ese día, la temperatura había alcanzado los 108° grados. Mi hijo y yo estábamos atendiendo estaciones de agua en una ruta aparte, al sur de donde se encontró el cuerpo de Rafael.
Su causa oficial de muerte fue hipertemia, debido a la exposición al entorno del lugar. Pero la muerte de Rafael Borromeo López es una de los miles de fallecimientos que durante más de dos décadas han cubierto con tumbas o fosas sin nombres la vasta extensión de los condados fronterizos, debido a la mortal estrategia de vigilancia fronteriza que inició a mediados de la década de los años 50 y que se conoce como “prevención a través de la disuasión”.
Esta estrategia ha presentado muchas iteraciones. El Presidente Joe Biden ha adoptado la orden de su predecesor sobre el Título 42, un mandato de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que utiliza la pandemia como pretexto para facultar a los oficiales de la Patrulla Fronteriza para que expulsen a las personas que buscan asilo, lo cual infringe tanto las leyes de los Estados Unidos como el derecho internacional. La administración de Biden ha continuado con la práctica ilegal de denegar a las personas que buscan asilo la oportunidad de presentar sus casos en un puerto, por lo que este mandato erróneo crea condiciones desesperadas que obligan a los migrantes a escoger rutas migratorias peligrosas.
Por ejemplo, se puede observar el caso de María Eugenia Chávez Segovia, una ciudadana mexicana que cruzó la frontera dos veces y preguntó a la Patrulla Fronteriza si podía presentar una solicitud de asilo, pero los agentes la devolvieron a México con base en la orden sobre el Título 42. Desafortunadamente, en su tercer intento por cruzar la frontera, se ahogó frente a las costas de San Diego, cuando el bote en el que viajaba se vino abajo.
También se observa la forma en que la administración de Biden está expulsando de forma masiva a los ciudadanos haitianos hacia su país, a pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional reconoce que Haití no está en condiciones de aceptar a nadie. El propio Alejandro Mayorkas, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional declaró lo siguiente: “Actualmente, Haití está experimentando graves preocupaciones de seguridad, disturbios sociales, un aumento en los abusos a los derechos humanos, una pobreza agobiante y la falta de recursos básicos, todo lo cual se ha exacerbado debido a la pandemia de COVID-19”.
La infraestructura militarizada para el control fronterizo, tales como muros en la frontera, también ha cobrado la vida de muchos migrantes. El 1° y el 3 de setiembre, dos personas fallecieron al caer del muro fronterizo en el Condado Imperial. Después de un período entre 2012 y 2019, con solo cuatro fallecimientos, las muertes de migrantes debido a caídas del muro fronterizo han aumentado de 4 en 2020 a 12 en lo que va del año, ya que el reemplazo de las barreras en el muro aumentó bajo la administración del ex Presidente Donald Trump, según las estadísticas de la Coalición de Comunidades Fronterizas. También ha habido cientos de heridas y lesiones, según el consulado mexicano.
En una reunión entre los defensores de derechos humanos de San Diego y el entonces Jefe de la Patrulla Fronteriza, Rodney Scott, en junio de 2018, a la cual pude asistir, él mismo afirmó que, de forma intencional, la Patrulla Fronteriza escogió la altura de un nuevo reemplazo de un muro en la frontera, después de haber realizado pruebas psicológicas para establecer a qué altura una persona promedio se desorienta a un punto tal que debe dejar de escalar un muro. El funcionario mencionó que la altura era de 30 pies. Sin duda alguna, la desorientación a esa altura significa que una persona que intente subir el muro se caería, lo cual ocasionaría lesiones o heridas graves, o hasta la muerte.
La muerte siempre ha formado parte del cálculo incluido en las medidas de prevención de la Patrulla Fronteriza mediante una estrategia de disuasión. Al militarizar las comunidades fronterizas y alejar a los migrantes de la vista pública, estos se ven obligados a tomar rutas peligrosas en terrenos hostiles, en los que perecen más personas en su intento por cruzar la frontera e ingresar a los Estados Unidos.
En una carta al Presidente Biden, decenas de organizaciones de derechos humanos están enviando una señal de alarma de que más personas perderán la vida, a menos que él abandone las medidas de prevención a través de esa estrategia de disuasión que durante mucho tiempo ha moldeado las políticas de control en las comunidades fronterizas. Parte de esta carta dice lo siguiente: “Durante este verano, la incidencia histórica de un calor extremo destaca aún más la crueldad del paradigma de ‘prevención a través de la disuasión’ y aumenta la urgencia de adoptar un enfoque que tenga en cuenta el clima para las políticas que repercuten en las comunidades fronterizas, los migrantes y las personas que buscan asilo”.
Hemos llegado al final del verano y normalmente, la muerte de migrantes disminuye cuando hay temperaturas más frescas. Sin embargo, si el Presidente Biden continúa recurriendo a infraestructura y estrategias brutales para el control fronterizo, es probable que esto dé como resultado el sufrimiento y la muerte de más migrantes, mientras intentan cruzar la frontera e ingresar a los Estados Unidos, todo esto agravado por la forma en que los efectos del cambio climático influyen en las comunidades fronterizas y en los patrones migratorios en los países de origen.
Estas muertes se pueden evitar, pero la administración de Biden debe cambiar drásticamente el rumbo que se ha tomado, al priorizar las respuestas humanitarias a la migración y al centrase en la protección de los derechos humanos de aquellas personas que buscan asilo.
