A medida que se abre un nuevo capítulo en la política en los Estados Unidos, la lucha para poner fin a las detenciones y deportaciones en nuestro país no solo está una vez más a la vanguardia, sino que años de organización también están dando sus frutos.
La administración de Biden ha comenzando sus primeros 100 días con acciones en el frente de la inmigración.
Biden anunció su orden ejecutiva de 100 días de moratoria de deportaciones, pero no todas las deportaciones, esta orden aún deja espacio para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decida los detalles y la discreción sobre qué deportaciones pueden seguir llevando a cabo.
Esta orden no incluye la liberación de todos. Los mantiene languideciendo en las cárceles de inmigración (centros de detención según el Servicio de Control de Aduanas de Inmigración, ICE) mientras COVID-19 sigue propagándose y una nueva hebra ya ha llegado a los EE. UU.
El anuncio de una legislación que podría sentar las bases para un programa de regularización masiva también se anunció, pero aún no se presenta en el Senado. La legislación contiene gran parte de nuestras demandas e incluye a tantas comunidades como sea posible.
Da preferencia a las comunidades elegibles para DACA, personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas con una espera de cinco años para obtener la ciudadanía. Para todos los demás, debemos esperar 8 años – para entonces una nueva administración estará en orden y con ella se arriesga a que deshagan algunos de estos triunfos.
Y lo más importante, no exige el cierre de los centros de detención privados como mencionó Biden en algún momento durante su campaña electoral.
Aunque es importante celebrar las victorias, reconocer que estos esfuerzos provienen de nuestro empuje y presión sobre la nueva administración de Biden, y ese es un buen comienzo, no podemos ignorar el hecho de que esto no es suficiente.
No podemos tener un programa de regularización sin deshacer la máquina de detención y deportación. No podemos aceptar un proyecto de ley que no incluya la reducción del presupuesto para ICE y CBP, que no pone fin a la colaboración entre la aplicación de la ley de inmigración, la vigilancia tecnológica y la aplicación local. Este no es el momento de aceptar lo poco que tenemos sobre la mesa, al contrario, este es el momento de presionar más fuerte y exigir que los demócratas paguen la deuda con nuestras comunidades cumpliendo nuestras demandas de acabar con todas las detenciones, deportaciones, aboliendo ICE y establecer un proceso de regularización que no lleve años. Ya hemos esperado demasiado.
