Mientras cientos de personas acampaban cerca de la frontera mexicana, esperando entrar a los Estados Unidos, durante un par de meses la misma escena se podía ver unas 4.000 millas al sur, en la frontera chilena-peruana. Las carpas del hemisferio sur eran la cara visible de la transformación de Chile al primer destino migratorio dentro de América Latina, y de los desafíos que enfrenta el país al adaptar su política migratoria a nuevos tiempos.
Entre 2000 y 2017 acrecentó por 176% la llegada de inmigrantes a Chile, debido a su estabilidad económica y al cierre de las fronteras de otros países. Hasta 2018, la comunidad más grande de migrantes era la peruana, que a fines de los 90s, empezaban a huir del caos económica y la represión política, con más de 249.000 personas. La comunidad que más aumentó fue la haitiana, de 1.649 personas en 2014 a 73.098 en 2017. Según el Ministerio del Interior, a partir de 2017 los venezolanos igualaron a los peruanos y hoy los superan, con un total de más de 400.000, el 30% de todos inmigrantes en territorio chileno.
Fronteras abiertas han sido habitual entre los países de Sud América. No obstante, en los últimos años, varios países, entre ellos Chile, iniciaron una práctica selectiva migratoria, que a veces pareciera emular a los Estados Unidos.
Hasta hace pocos años, el control de inmigrantes indocumentados era casi desconocido en Chile. Al contrario, en 1997 y de nuevo en 2007, aproximadamente 45.000 y 50.000 personas, respectivamente, beneficiaron de una amnistía que permitió a inmigrantes con visas caducadas a regularizar su situación migratoria. Pero en 2018 la policía chilena empezó a realizar inspecciones de estado de visa a inmigrantes en lugares públicos, con un total de 14.000 inspecciones ese año. Para el año 2019 el gobierno fijó la meta de realizar 85.000 fiscalizaciones a inmigrantes.
En febrero de 2019 el Presidente Sebastián Piñera viajó a Cúcuta, pueblo fronterizo colombiano, para caldear apoyo para Juan Guaidó, presidente auto-proclamado de Venezuela. Sin embargo, cuando miles de venezolanos empezaron a dirigirse al sur del continente, hacia Chile, el gobierno chileno implementó restricciones. A partir de junio 2019 se implementó solo para los venezolanos el requisito de obtener una Visa de Responsabilidad Democrática. El impacto inmediato fue el surgimiento en junio y julio de hileras de carpas que se extendían por las calles aledañas al consulado de Chile en Tacna y cerca del complejo fronterizo de Chacalluta, debido a los nuevos requisitos que impedían la entrada de venezolanos.
Un obstáculo similar empezaron a enfrentar los migrantes de Haití. A partir de abril 2018, seis meses después de que los Estados Unidos diera término al Estado de Protección Temporal para haitianos, se introdujo el requisito de una visa de turista o de reunificación familiar para haitianos que desearan entrar a Chile. Asimismo, se implementó un Programa de Retorno Voluntario para devolver haitianos a Haití, a condición que no regresaran a Chile en 9 años. A principios de noviembre de 2018, despegó el primer vuelo de la Fuerza Aérea chilena con 160 haitianos a bordo. Para dirigentes comunitarios haitianos – quienes indican que la gran mayoría no desea regresar – esta iniciativa señala el fracaso de programas sociales que ayuden la integración haitiana, resultando en condiciones de extrema vulnerabilidad y pobreza.
La creciente presencia inmigrante posicionó el tema en la agenda política, cuando antes estaba ausente. Han surgido decenas de organizaciones de apoyo al inmigrante como también programas académicos de estudio migratorio y clínicas de asistencia jurídica migratoria. Seminarios, artículos, y libros comentan con preocupación el surgimiento de discriminación, xenofobia, y racismo, particularmente hacia inmigrantes afro-descendientes. En septiembre, cuarenta organizaciones sociales y académicos ejercieron ciudadanía efectiva para que un grupo de senadores incorporaran derechos del inmigrante a una proyecto que pretende reformar la ley de inmigración, impuesta en dictadura. La votación estará programada ante el pleno del Senado a principios del 2020.
Desde 1973 a 1989, bajo dictadura, más de 260.000 chilenos fueron obligados a dejar su propio país. Ahora las tornas han cambiado, y los inmigrantes están poniendo a prueba los valores humanitarios y la diversidad cultural en Chile.
