El programa de Estado de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) que se le otorgó a El Salvador fue implementado por primera vez por el presidente George W. Bush. Fue la respuesta a dos grandes terremotos en enero y febrero de 2001 que obligaron a miles emigrar de su país.
Los terremotos fueron devastadores, más de mil perdieron sus vidas y desplazaron a aproximadamente 1.3 millones. El Salvador se unió a Angola, Burundi, Honduras, Liberia, Montserrat, Nicaragua, Sierra Leona, Somalia y Sudán como países que ya estaban designados bajo el TPS.
Cada país por diferentes motivos: algunos enfrentaban un conflicto armado, desastre ambiental , o condiciones extraordinarias y temporales. Haití también sufrió un terremoto devastador en 2010 que colocó a ese país bajo TPS. El Congreso creó el Estatuto de Protección Temporal en ley de Inmigración de 1990.
TPS es similar a DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infanczia). En ese sentido, es necesario cumplir con las condiciones específicas con la prueba, solicitar y pagar las tarifas, y ambos tienen un ciclo de renovación de diferentes longitudes.
Por lo general, el TPS se designó para un período de entre 6 y 18 meses para cada país. Hubo extensiones de tiempo según las recomendaciones del gobierno. La protección legal permite que los refugiados trabajen legalmente en los EE. UU. hasta que sea seguro regresar a su país de origen.
Estos programas son complicados y enredan a familias enteras en procesos legales costosos. La amenaza es real para miles de personas que ahora han echado raíces en su país adoptivo. Una ola contínua de separaciones familiares sigue.
Avance rápido al 2017-2018 con el presidente Trump. Ahora quedan diez países con TPS: El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Como Trump ha comentado anteriormente acerca de su preferencia por los inmigrantes blancos, europeos y adinerados, tiene la intención de violar los derechos de otros inmigrantes.
Su administración bajo el Departamento de Seguridad Nacional ahora reclama que las condiciones en Haití, Honduras, Nicaragua y Sudán ya no deberían estar bajo el TPS.
Por ejemplo, se estima que 250,000 salvadoreños, no incluyendo sus hijos nacidos en Estados Unidos y que han vivido en los EE. UU. durante décadas perderán su estatus y tendrán que irse o buscar cualquier programa para permanecer legalmente en los EE. UU.
El Departamento de Seguridad Nacional de Trump ha finalizado el TPS para siete de los nueve países que ha revisado. La ansiedad está creciendo y pone en movimiento a las comunidades afectadas.
El 3 de octubre de 2018, un Tribunal de Distrito de los EE. UU. del Distrito Norte de California emitió un fallo en el caso Ramos v. Neilsen. Lo cual bloquea los esfuerzos de la administración Trump para poner fin al TPS para 300,000 inmigrantes de varios países.
La demanda involucró el caso de Crista Ramos, una ciudadana de 14 años cuya madre es titular de TPS de El Salvador. Esto es sólo una detención temporal judicial. Es probable que el caso de TPS llegue a la Corte Suprema, donde es probable que prevalezca la administración Trump, especialmente desde el nombramiento de Kavanaugh.
Mientras tanto, un suspiro temporal de alivio expresado por Crista de 14 años: “Hoy, mi familia y yo celebramos. Mañana continuaremos nuestra lucha por el estado permanente de los titulares de TPS”.
Somos un país de inmigrantes.
Somos seres humanos que necesitamos unirnos para defender nuestro derecho a vivir. Debemos continuar resistiendo estos intentos de debilitarnos separando a nuestras familias y comunidades. Estas no son decisiones humanas, necesitamos comprensión y justicia. Todos debemos estar protegidos. Debemos prepararnos para futuras luchas pendientes.
