FOTO: Sarah Menefee
Terratenientes corporativos obligan a millones de gente a la calle, pero un movimiento surge para confrontarles. Mientras que la cantidad de gente que los propietarios de viviendas tiran a la calle aumenta hasta niveles de crisis, las ciudades de Los Ángeles, Portland, y Seattle— y todo el estado de Hawái—han declarado emergencias de vivienda.
Los políticos han dado este paso, no simplemente por los números ascendentes, sino porque la gente está tomando conciencia de la profunda crisis que enfrentamos, y exige que se haga algo.
Solamente en Los Ángeles, alrededor de 13000 residentes son expulsados de sus viviendas mensualmente, debido a la pérdida de empleos, aumento al precio de la renta, y por órdenes de desalojo. El número de gente que termina en alojamientos de emergencia o en la calle, ha aumentado en un 20 por ciento en tan sólo un año. Pero la gente en estos refugios o en la calle, son solamente la parte visible de la crisis. Hoy, millones más a través del país duermen en sus carros o en el sofá de alguien más; talvez hacinados ya que algunas familias abren sus puertas a parientes y amigos. Ese es el caso particular de los latinos.
Y mientras que el 40 por ciento de los sin techo visibles son blancos, y otro 40 por ciento son negros, sólo el 11 por ciento son latinos; “mi casa es tu casa “es más que un decir.
Sin embargo la situación probablemente empeorará. Complejos de apartamentos que anteriormente pertenecían, y eran manejados por pequeños propietarios locales, están siendo comprados rápidamente por grandes especuladores de bienes raíces, apoyados por inversionistas de muchísimos recursos. Para llevar sus ganancias al máximo aumentan el precio del alquiler, desalojan a los inquilinos, y convierten lo que antes fueran complejos de vivienda accesible a la clase trabajadora, en “comunidades” de alta renta, diseñadas para bien pagados jóvenes profesionales, los nuevos ricos.
Con el Silicon Valley expandiéndose al sur hacia Los Ángeles, el aburguesamiento de la ciudad es particularmente cierto en su lado oeste, en donde las rentas ahora promedian $3200.00 por mes. Pero este aburguesamiento también está ocurriendo en lugares más pequeños, que anteriormente fueran ciudades suburbanas, a través de California y más allá.
Igualmente, casi todos los nuevos apartamentos construidos por las corporaciones inmobiliarias en años recientes, son del tipo de altas torres, de lujosos complejos, extendiéndose por los vecindarios del centro de las ciudades que alguna vez albergaron a la clase trabajadora. En New York por ejemplo, la compañía Brookfield Asset Management—basada en Toronto—y que ha acumulado 42000 unidades, desde que irrumpieron en el negocio de vivienda rentada hace tan sólo cinco años, construye dos grandes torres de apartamentos en Brooklyn, lugar que antes fuera sólidamente clase trabajadora. Millones a través de los Estados Unidos, son desposeídos de sus viviendas en este proceso.
Los alcaldes de Los Ángeles, Seattle, y Portland son todos demócratas “progresistas”, pero habrá que ver si dan seguimiento a sus declaraciones de un estado de emergencia con acciones serias. Mientras tanto, dos ciudades pequeñas del Área de la Bahía de San Francisco, han desafiado a los grandes propietarios y han dicho “basta” al aumento de las rentas, y a los desalojos que dejan a tanta gente en la calle. En Richmond, una coalición multiétnica existente por más de una década, ha arrebatado el control del Concejo de la ciudad a Chevron. El gigante petrolero tiene grandes operaciones en la ciudad, y dominó su política por un siglo o más. Pero cuando la coalición logró que se aprobara una ordenanza controlando las rentas y prohibiendo desalojos irracionales, esta sufrió un contraataque fuerte de parte de la Asociación de Apartamentos de California, dominada por los propietarios más grandes del estado. Ahora el asunto irá a las votaciones el próximo Noviembre, y la campaña de seguro será fiera.
Así, aun con el aburguesamiento expulsando rápidamente a la clase trabajadora de Alameda, donde la mayoría renta, el Concejo de la ciudad aprobó una moratoria de emergencia prohibiendo altos aumentos de las rentas, y desalojos sin causa. Hizo esto después de que grandes números de inquilinos llenaran las reuniones del Concejo y desaprobarán medidas menores.
Cuando la Asociación de Apartamentos de California llenó los salones del Concejo con agentes de los propietarios, los inquilinos exigieron ruidosamente poder ingresar, la policía llegó y golpeó sangrientamente a uno de los inquilinos. El Concejo aprobó la medida unánimemente. Tres días después, uno de los propietarios usó un resquicio legal en la medida para desalojar a 31 familias más. La batalla arrecia.
