A cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, las autoridades concluyeron que fueron quemados, mientras protestas a nivel local e internacional levantan su voz para solicitar justicia y que se investigue las implicaciones del ejército y policía federal (PF).
La Procuraduría General (PGR) se basó en 386 declaraciones que ayudaron a reconstruir los hechos y pruebas forenses que identificaron a uno de los desaparecidos. La PGR defiende a sus gendarmes mientras reconoce que tienen muchos elementos por aclarar.
“Human Rights Watch” criticó el hecho que la PGR haya asumido que los 43 estén muertos basados en la identificación de una sola víctima. Recordó que el gobierno mexicano obtiene confesiones mediante “tortura e irregularidades” lo cual deslegitimiza las declaraciones obtenidas. En 2013 el Comité contra Tortura de la ONU se vio forzado a presentar 72 recomendaciones cuando el gobierno federal reconoció que la tortura es un grave problema.
Testigos y grabaciones del ataque involucran al ejército y policía federal en la desaparición. Acorde a la revista Proceso basada en una investigación de la Universidad de Berkeley, hay evidencias de que “participaron activa y directamente en el atentado” y que el ejército estuvo al tanto de lo ocurrido.
No es coincidencia que los eventos de Ferguson e Iguala se produjeron casi a la par ni que los gobiernos estén acusados de tortura.
Estados Unidos ha involucrado a México en su fracasada guerra contra el narcotráfico y su táctica de militarización, mientras le suministra 2000 armas ilícitas diariamente. México sufre un fuerte despliegue militar en principales ciudades azotadas por el narcotráfico, facturando 100.000 muertos en 6 años.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 9.000 quejas por abuso militar. En junio en Tlatlaya- México, militares mataron a 22 civiles, 15 ejecutados extrajudicialmente, flagrante violación de derechos humanos. Dos testigos fueron golpeados repetitivamente por la procuraduría del estado para que nieguen responsabilidad militar.
La militarización ha incrementado la violencia, ciudadanos son tratados como enemigos y convierte a ciudades en campos de batalla, mientras los sistemas judiciales se inclinan claramente en contra de la población marginada dejándola indefensa.
En EE.UU. el gobierno envía arsenal militar a la policía y entrena a su personal con tácticas de guerra. En el 2012, el 63% de veces el Equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) fue usado para buscar estupefacientes en hogares, mayormente en comunidades de color (42% negros y 12% latinos).
El racismo es evidente. La respetada escritora Elena Poniatovska, acusó al gobierno de racista al demorarse en reconocer el caso de Iguala dado que las víctimas eran pobres, campesinos e indígenas. En EE.UU. en el 2012 más del 80% de los sentenciados por cocaína fueron afroamericanos pese a que solo el 12% de su población consume drogas.
Los gobiernos no pueden ignorar los derechos humanos. Se necesitan sistemas transparentes que rindan cuentas, tengan la capacidad de frenar la impunidad y resguarden a sus ciudadanos. Como dijo el presidente Mujica, México da la sensación de ser “un estado fallido”, está en el pueblo promover y exigir los cambios.
