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En julio el Senado entregó la responsabilidad de aprobar una reforma migratoria a los miembros del congreso y mucho de nada ha sucedido. Pareciera como si les causara pereza las peticiones de, ‘Queremos un camino a la ciudadanía’, de sus electores o como si la insistencia de grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes, les proporcionará un efecto ensordecedor que los deja inmóviles a las exigencias de la mayoría. En la actualidad el 82% de ciudadanos dicen que la Cámara de Representantes no merece el receso de agosto porque no han trabajado lo suficientemente duro como para auto-premiarse con vacaciones, según una encuesta realizada por Fox News.
Desde que comenzó el debate sobre el S.744 que propone una reforma migratoria, me he dado cuenta de un fenómeno recurrente en la vida diaria del inmigrante. Aún no se como llamarlo quizás sea la ley americana del razonamiento o el razonamiento de la ley americana. Ustedes decidan. Funciona así: Pablo vive en los Estados Unidos: (a) es indocumentado, (b) es indocumentado, (c) y por ende, Pablo es un criminal. Este análisis de carácter descendiente (a-c) plantea una deducción errónea de manera que Pablo, por no haber nacido en los Estados Unidos, no es un buen ciudadano. Esto es injusto.
El catedrático especialista en inmigración, Douglas Massey, Understanding America’s Immigration Crisis (2007), argumenta que la militarización de la frontera aumenta los costos y los riesgos al cruzar la frontera. Eso ha cambiado el comportamiento de los migrantes quienes reducen al mínimo el número de veces que salen del país. Massey demuestra que más seguridad de la frontera contribuye a que haya un incremento estrepitoso de los sin papeles viviendo en los EE.UU.
En el mes de agosto organizaciones del Valle de Coachella han dado inicio a una colecta de firmas para suspender la renovación del compromiso 287(g), Ley de Inmigración y Nacionalidad, que hace posible la cooperación de la policía con agentes de inmigración. Esto quiere decir que si el convenio se renueva la policía tendrá la capacidad de detener a un sujeto que no tiene documentos y posteriormente se entregará a los agentes de inmigración para tramitar su deportación.
Inland Congregations United for Change y el Comité Latino creen que esta ley fractura la relación de comunidad con la policía por el motivo de que residentes del condado de Riverside no reportan crímenes por el temor a ser deportados. Ambas organizaciones se oponen a que continúe la separación de las familias trabajadoras porque una actividad como ésta propicia un daño económico irreversible en las comunidades de Coachella, de California y del país, ya que se pierde un ingreso económico importantísimo en la familia.
Estamos en un momento crítico para los inmigrantes que necesitan de una reforma migratoria para ajustar su estatus y dejar de vivir con miedo. La eterna postergación de un camino hacia la ciudadanía y medidas como la 287(g) deben terminar. La holgazanería, ociosidad o pereza del congreso preocupa a centenares de organizaciones a favor de los inmigrantes indocumentados porque no se ha visto un avance en las discusiones del congreso respecto a la reforma migratoria.
Por ultimo hay algo que quiero sacarme del pecho; no es lo mismo la ley hace al pueblo que el pueblo hace la ley. Llamé a su congresista porque la flojera causa desconfianza, por lo menos, a más de 11 millones de personas.
¡Digan sí a la reforma migratoria con camino a la ciudadanía!