Durante años, las escuelas y universidades de California han expulsado a miles de estudiantes, poniéndolos a merced de los empleadores del sector privado o de los militares. Ahora, los funcionarios estatales y federales también están entregando a las escuelas y colegios a las manos de las empresas privadas. Estos ataques a la educación pública, gratuita y de calidad sólo serán derrotados si los estudiantes, profesores, personal y familias presionan directamente a las personas que fueron elegidos para servirles a ellos.
El Departamento de Educación de California disolvió la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Inglewood, nombrando como superintendente Don Brann, fundador de la empresa Da Vinci School Charter. ¡Esto es como poner al zorro a cuidar el gallinero!
Mientras tanto, la Universidad de California ha permitido que la Anderson School of Management de la UCLA (Universidad de California) sea separada del financiamiento estatal y se base en la recaudación de fondos por líderes empresariales y matriculas de alto costo. El salario de Janet Napolitano, fue alzado de 200.000 dólares cuando la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (el departamento que supervisa las deportaciones y separa familias) a $570.000 por tomar el cargo de presidenta de la Universidad de California.
Por mientras se dice que el City College de San Francisco va a perder su acreditación el próximo mes de julio, por orden de la Comisión de Acreditación Occidental administrada por el Departamento de Educación Federal. 85.000 estudiantes asisten a clases a este City College, muchos de los cuales podrían terminar en las garras de las universidades privadas con fines de lucro.
Esto se añade a una realidad, donde decenas de miles de estudiantes son obligados a dejar las escuelas y universidades públicas de California cada año. Esto nunca sucedería si tuviéramos un sistema de educación que funcionará. Algunos estudiantes necesitan ayuda para aprender inglés o matemáticas en la escuela secundaria, pero no hay suficiente profesores para rendir ésta atención especial. Otros sufren extrema pobreza y, finalmente, deciden salirse de la escuela para trabajar y ayudar a sus familias.
Los que ingresan a la universidad sufren los mismos problemas a un nivel superior, como la matrículas altas, libros y materiales que aumentan su costo de vida que ya era difícil de mantener. Y aquellos que asistían a escuelas secundarias superpobladas o carecían de libros deben empezar la universidad, muy por detrás de los estudiantes de escuelas más pequeñas y más prósperas. El resultado será que más jóvenes se saldrán de la escuela y no llegarán al nivel universitario.
La pobreza que oprime a estos estudiantes ahora también está afectando a los maestros. A los estudiantes de bajos ingresos no les va tan bien como a los estudiantes de familias más ricas, las escuelas en sus comunidades no pueden tener los mismos índices de graduación como las escuelas de zonas más ricas. Sus escuelas están siendo cerradas y entregadas a las mismas empresas que cerraron sus escuelas, despidieron a sus maestros y personal escolar. Esto sucede al mismo tiempo que beneficios y servicios están siendo eliminados.
Nosotros, el pueblo debe empezar a exigir que el gobierno ponga fin al ataque contra los estudiantes, profesores y nuestras comunidades. El gobierno creó los departamentos estatales y federales que ataca las escuelas y colegios en las comunidades pobres, ahora las comunidades tienen que dirigirse a los funcionarios electos para que pongan fin a estos ataques.
