Las autoridades de los Estados Unidos y de México están trabajando juntas, no solo para eliminar las fronteras para las corporaciones, sino también para reestructurar de hecho los gobiernos, a fin de satisfacer las necesidades de la nueva economía robótica-electrónica en el ámbito mundial. Todo está cambiando y se están eliminando lo que pensábamos que eran derechos fundamentales.
En el debate en torno a la reforma migratoria en los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos están de acuerdo en una cosa: las medidas de seguridad y la militarización de las fronteras en contra de las personas de ambos países revisten gran importancia. Pero al mismo tiempo, las autoridades mexicanas y estadounidenses están aunando esfuerzos para abrir las fronteras, a fin de que las corporaciones de este último país puedan obtener el control de las industrias mexicanas, especialmente las del petróleo.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses deben borrar la valiente historia de los héroes nacionales de México para lograr este repugnante objetivo. En 1938, el Presidente mexicano Lázaro Cárdenas embargó los bienes de las petroleras extranjeras para formar PEMEX, la empresa petrolera del país que durante mucho tiempo ha servido como símbolo de identidad y soberanía nacional. La Constitución Mexicana plasma el principio de que el pueblo de México, y no los extranjeros, deben ser los propietarios de los recursos del país.
A medida que los ricos del mundo buscan apoderarse del control de los recursos del mundo para obtener ganancias aún mayores, esta orgullosa historia se encuentra bajo ataque. Durante muchos años, la oligarquía ha dedicado esfuerzos a través de diversos presidentes sucesivos para ganar el control internacional de la economía mexicana.
En décadas más recientes, el poder corporativo se ha propuesto debilitar las leyes que protegen el control nacional mexicano de sus recursos e inversiones. En 1972, el Presidente Luis Echeverría y su homólogo Richard Nixon trabajaron conjuntamente para aprobar una enmienda a la Constitución de México conocida como la Ley de Inversión Extranjera, a fin de permitir que otros que no eran mexicanos adquirieran propiedades costeras y fronterizas a través de un fideicomiso conjuntamente con un banco mexicano.
El paso más grande ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), el cual entró en vigor el 1° de enero de 1994, durante las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Bill Clinton, con el propósito de eliminar aranceles a los bienes que se transportaban a través de las fronteras. Ha quedado en claro para todos la destrucción de muchas pequeñas fincas en México, las cuales no tenían la posibilidad de competir con las grandes agroindustrias estadounidenses. Con ello, se obligó a millones de personas a que abandonaran las fincas.
Actualmente, se está acelerando la reestructuración de ambos gobiernos para servir a la oligarquía global.
En febrero, el mandatario mexicano Peña Nieto firmó un proyecto de ley para otorgar al Estado un mayor control en la contratación y el despido de maestros. Días después, se arrestó a Elba Esther Gordillo, la poderosa presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acusándola de malversar unos $160 millones. Después, a principios de marzo, Peña Nieto procedió a llevar a cabo la presunta reforma de las telecomunicaciones de México, a fin de incluir su apertura a un mayor grado de competencia extranjera, con lo cual se estaba amenazando hasta el monopolio que ostentaba Carlos Slim. Pero el premio mayor es PEMEX, la segunda empresa más grande en América Latina, si se miden en términos de ganancias. No es por casualidad que en setiembre del 2012, un juez de distrito mexicano ordenara el arresto de Carlos Romero Deschamps, dirigente sindical de PEMEX, quien también enfrenta cargos por malversación de fondos.
Durante décadas, se ha denegado el acceso de algunas de las petroleras más grandes del mundo a los recursos del crudo mexicano, puesto que la Constitución de este país otorga al Estado el monopolio de todas las “actividades de la industria petrolera”. Pero ya no piensan esperar más tiempo. Peña Nieto está trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para deshacerse de este obstáculo para el control corporativo de México.
En marzo del 2013, Peña Nieto declaró que su propósito era “transformar el país, no simplemente gobernarlo”. Esta transformación no sólo es una idea de Peña Nieto o del PRI, su partido. Esto representa un imperativo que la nueva economía global está imponiendo no sólo en México, sino también en los Estados Unidos y en el resto del mundo.
Recientemente, el Presidente Obama visitó México y la página de Internet de la Casa Blanca publicó una serie de comentarios del mandatario y de su homólogo Peña Nieto. El Presidente estadounidense señaló que “por primera vez— y probablemente esto no tenga precedentes— lograremos que el gabinete económico mexicano y sus contrapartes de varias agencias gubernamentales de los Estados Unidos” se reúnan con funcionarios de alto rango para facilitar las inversiones transfronterizas. En este mismo comentario, Obama aseveró lo siguiente: “También hemos acordado emprender acciones conjuntas para tener una frontera más segura”. Una frontera abierta para las inversiones corporativas. Una frontera cerrada y militarizada para la gente. Los mexicanos y los estadounidenses deben aunar esfuerzos para velar por que sus gobiernos trabajen por el pueblo. Debemos controlar a las corporaciones o las corporaciones nos controlarán.
