‘El 1 por ciento más rico está comprando todos los bienes inmuebles’
En marzo anterior, un agente de bienes raíces en el sur de California se quejó con Los Angeles Times y señaló que “el 1 por ciento más rico está comprando todos los bienes inmuebles”.
A medida que va tomando más impulso la nueva ola de ejecuciones hipotecarias, diversos inversionistas con billones de dólares a su disposición están esperando su turno para comprar miles de viviendas —con o sin sus propietarios más recientes adentro.
Mediante un trato sumamente beneficioso con los bancos y el gobierno federal, estos inversionistas obtendrán las viviendas con un descuento exorbitante, para después echarles un vistazo y alquilárselas nuevamente a las mismas personas que las estaban habitando.
Estos inversionistas prevén que a partir de este trato generarán ganancias muy rápidamente —con un promedio del 8 por ciento anual sólo en los alquileres, en un momento en que los bonos de hacienda están pagando menos del 2 por ciento.
El Wall Street Journal escribió lo siguiente “Algunos de los nombres más grandes de Wall Street están esperando su turno para transformarse en arrendadores de aquellos estadounidenses que están cortos de dinero”.
Después del arreglo de $25,000 millones con los grandes bancos, el cual representó un “jalón de orejas” por el fraude cometido a través de la práctica conocida en inglés como “robo signing” (mediante la cual los empleados de los bancos ejecutaban los embargos sin revisar la documentación ante la autorización judicial), estos bancos han acelerado rápidamente su aparato de ejecuciones hipotecarias. Sólo en mayo, los bancos entregaron documentos a más de 100,000 viviendas.
Y se desaloja a las familias afectadas por los embargos hipotecarios. Casi dos tercios de las mismas están alquilando viviendas unifamiliares similares a las poseían y en algunos casos se trata hasta de la misma casa.
Cada vez más, estas familias están alquilando casas —y no se trata de las que pertenecen a los arrendadores familiares, sino a la emergente industria corporativa de alquileres de viviendas.
Por ejemplo, en el área de la Bahía de San Francisco Waypoint Homes —la cual se autodenomina “una empresa de bienes raíces de la próxima generación”— posee los títulos de más de 1,000 viviendas y está atrayendo una gran cantidad de capital para comprar varios miles de viviendas más —$2,000 millones provenientes de capitalistas e inversionistas en bienes raíces del Valle del Silicio (también denominado Valle de Silicona).
Waypoint adquiere las hipotecas de las viviendas embargadas con un descuento muy alto, las arregla y las alquila a un precio menor que el pago de la hipoteca.
Todo esto suena muy bien, hasta que usted se da cuenta que si el banco hubiera ofrecido este mismo trato a la familia, ésta probablemente hubiera evitado el embargo hipotecario en su totalidad, tendría dinero en sus bolsillos y todavía poseería la vivienda.
Otra de estas empresas, McKinley Capital Partners, con sede en Oakland, ahora posee cientos de viviendas en el área de la Bahía de San Francisco y está comprando “tantas como sea posible obtener”, afirmó un hombre que se encarga de sus alquileres.
El respaldo de McKinley proviene de un conglomerado de inversión global de $29,000 millones fundado por un ex banquero de inversiones en Goldman Sachs. Gregor Watson, que dirige McKinley, explicó al servicio de noticias empresariales y comerciales Bloomberg que la posesión de grandes cantidades de viviendas de alquiler se están transformando en una “nueva clase de activos” para los inversionistas —al mismo nivel de las acciones y los bonos.
Watson también afirmó que resulta ineficaz comprar una por una las viviendas a los bancos acreedores de las hipotecas. Y tanto él como otros capitalistas corporativos mucho más grandes están esperando el siguiente trato del gobierno federal, cuyos términos serán mucho mejor.
En efecto, ellos mismos ayudaron a que esto fuera posible. Durante la primavera anterior, cuando la administración Obama anunció su plan de vender casas embargadas por las diversas agencias gubernamentales de vivienda —Fannie Mae, Freddie Mac y la Administración Federal de Vivienda (FHA)— ya se había conversado acerca de esta idea con los representantes de los grandes capitales.
Y cuando la administración solicitó las opiniones y los aportes del público para su Iniciativa sobre el Alquiler de Inmuebles Propios (REO, por sus siglas en inglés), la misma comenzó nuevamente a consultar a diversos bancos, tales como Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo y UBS.
También se dice que hay otros actores billonarios con intereses en esto, tal como Sam Zell, el propietario más grande de apartamentos en los Estados Unidos, al igual que el antiguo banquero de inversiones Leon Black, cuya empresa Apollo Investment Management es propietaria de agencias de bienes inmuebles como Coldwell Banker, Century 21 y Sotheby’s.
Pero los fondos de cobertura y las empresas de capital accionario privado —los cuales nombres muy sofisticados bajo los que el 1 por ciento más rico mancomuna su dinero— están presionando a Obama para que dore la píldora. Ellos desean que la administración actual los ofrezca un financiamiento barato y garantice una “escala real” de los lotes que licitarán —una cantidad tan grande como 1,000 viviendas familiares.
¿Y quién es poseedor de las hipotecas de estos hogares? En cierto sentido, somos nosotros, el pueblo —el 99 por ciento restante. Fannie Mae, Freddy Mac y la FHA —agencias respaldadas por el gobierno y con fondos de rescate con dinero de los contribuyentes— son acreedoras de la mitad de las hipotecas del país pues los bancos se deshicieron de las mismas.
