En el año nuevo, la gente de California, particularmente los latinos exhalaron un suspiro de alivio colectivo, ya que una ley disminuirá las requisas inconstitucionales en los puntos de inspección de vehículos.
La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dispone en parte que “el derecho de los habitantes a que sus personas físicas, domicilios, documentos y efectos personales se hallen a salvo de pesquisas e incautaciones irrazonables será inviolable y no se emitirá ninguna orden judicial, a no ser por algún motivo fundado”.
En términos generales, esto significa que la policía no debe ingresar
a los domicilios (o a los vehículos) sin obtener una orden judicial por escrito (una orden de la corte), con base en el hecho de que las autoridades policiales puedan demostrar de que existe un motivo fundado, o causa razonable, para creer que la persona en cuestión ha cometido un delito o está en posesión de algún contrabando.
A principios de la historia de las colonias estadounidenses, cuando había territorios en poder de Inglaterra, los colonos estadounidenses se opusieron firmemente a que los soldados ingleses ingresaran a sus hogares, los requisaran y arrestaran a la gente.
Después de la guerra revolucionaria, cuando se adoptó la Declaración de Derechos (las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos para proteger nuestras libertades), el nuevo gobierno tomó acciones para limitar la irrupción de las autoridades gubernamentales en los hogares. Salvo en la propia frontera, todas las demás requisas en los puntos de inspección de vehículos violan estas protecciones básicas constitucionales.
Se ha detenido a muchas personas indocumentadas debido a los denominados retenes para cerciorarse que las personas no estén conduciendo bajo la influencia del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés). Y en California, donde las personas indocumentadas no pueden obtener licencias de conducir, se tomaron medidas opresivas extremas en estos puntos de inspección. Al asechar a un(a) conductor(a) sin licencia en un retén en California, las leyes de este estado eran las únicas que exigían que la policía incautara el vehículo en cuestión durante 30 días, lo cual originaba tantas multas y cargos que a muchos dueños no les quedaba otra opción que perder sus automóviles.
Un excelente informe de California Watch señaló lo siguiente: “de los retenes del estado durante los últimos dos años, un total de 3,200 se produjeron en un barrio latino o cerca de éste… El 61 por ciento de los retenes se estableció en lugares con al menos un 3 por ciento de población hispana.”
La disposición sobre la incautación de automóviles fue una excelente forma para que los gobiernos locales obtuvieran dinero. El gasto principal de los retenes es lo relacionado con las horas extras de los oficiales encargados y en California, por ejemplo, el gobierno federal sufragaba estos gastos, pues asignaba unos $30 millones anuales para los retenes para la conducción de vehículos bajo la influencia del alcohol. En el 2009, la incautación de vehículos en los retenes generó $40 millones en pagos de remolque de grúas y en multas impuestas por la policía. Por algo los funcionarios estatales de California declararon que el 2010 sería el “año de los retenes”.
Esta opresión dio origen a una oposición generalizada dentro de la comunidad latina, con el apoyo de una serie de grupos de derechos civiles, incluida la ACLU.
Para disminuir el grado de indignación, la legislatura de California anuló, a partir del 1° de enero del 2012, la ley que estipulaba incautaciones durante 30 días y esto fue algo verdaderamente bueno. Pero, como ya es costumbre, los capitalistas utilizaron el cambio de esta ley como una oportunidad para eliminar diversas libertades de toda la población, ya sea indocumentada o con documentos migratorios.
Anteriormente, bajo la ley estatal, los automovilistas que se estaban aproximando a un punto de inspección para la conducción de vehículos bajo la influencia del alcohol podían simplemente dar la vuelta y si no habían cometido ninguna infracción de tráfico, la policía no podía detenerlos.
La nueva ley permite la inspección de vehículos en los puntos de control cuando éstos despiden mucho humo (lo cual se utiliza como un nuevo pretexto para establecer los puntos de inspección). Esta ley también estipula que los automovilistas deben detenerse en estos retenes.
Esta es una acción seria dirigida a realinear a nuestro país y prepararlo para el fascismo, el cual representa una dictadura abierta y terrorista del capital en contra de la vasta mayoría de la población, especialmente contra la nueva clase de desposeídos recientemente.
Así que hubo cierta mitigación en cuanto a la confiscación de vehículos. Pero, ¿se manipuló a quienes se oponían a la ley — la cual estipulaba incautaciones por 30 días— para que renunciaran a ciertos derechos fundamentales? A fin de cuentas, lo que se perdió podría ser más importante que lo que se ganó.
Debemos estudiar y tener presente la situación política de los Estados Unidos para que podamos abrirnos paso a través de un entorno muy complicado. A medida que los capitalistas maniobran para conducir a los Estados Unidos hacia el fascismo, a fin de proteger su inmensa riqueza, ellos intentarán utilizar nuestras esperanzas y temores más profundos para lograr el respaldo necesario para sus objetivos. Debemos tener la capacidad de analizar las cosas de forma independiente y para nosotros mismos.
