Hay más estados rechazando las leyes similares a la de Arizona que los que las están aprobando. Pero con respecto a las ‘Comunidades Seguras’…
¿Quién tiene el derecho de hacer cumplir las leyes migratorias, los estados o el gobierno federal? Esto es lo que se está determinando, a medida que la célebre SB 1070 de Arizona se rechaza en las cortes.
Y eso no es todo. Las cortes también decidirán si los estados tienen el derecho de criminalizar diversos actos — como el hecho de permanecer en el país sin documentos — los cuales hasta la fecha han sido violaciones civiles bajo las leyes federales. La diferencia es el tiempo de prisión que ordena el estado o la simple deportación por parte de las autoridades federales.
Este es el segundo “round” en la lucha en torno a los derechos de los inmigrantes.
Actualmente, diversos estados han aprobado leyes muy duras, similares a la de Arizona. No obstante, el movimiento antiinmigrante no está adquiriendo impulso. La mayoría de los proyectos de leyes estatales en contra de los inmigrantes están fracasando a nivel de las legislaturas y cuando parece que están cobrando fuerza, los mismos enfrentan un creciente grado de resistencia.
Las fuerzas a favor de los inmigrantes han adquirido impulso debido a las similitudes manifiestas entre estas leyes similares a la de Arizona y el proyecto de ley que aprobó la Casa de Representantes en el año 2005 — la iniciativa de ley Sensenbrenner, la cual dio origen a la primera gran manifestación.
El miembro de la Cámara de Representantes James Sensenbrenner (republicando de Wisconsin) propuso transformar un delito civil (permanecer en los Estados Unidos sin la debida documentación) en un delito federal. Con ello, cualquier persona que ayudara a algún(a) inmigrante indocumentado(a) se transformaría en cómplice y, por consiguiente, también podía enfrentar cargos criminales.
Por ello, la lucha en torno a esta propuesta de ley atrajo a una gran cantidad de residentes legales y ciudadanos que antes no habían emitido su opinión, de una forma u otra, sobre los asuntos migratorios.
La ley de Arizona tendría el mismo efecto, pues los inmigrantes indocumentados — y cualquier persona que los ayudara, albergara o transportara — enfrentarían cargos por delitos menores, los cuales también podrían suponer la pena de cárcel.
A medida que los estados buscan establecer sus propias leyes migratorias, los defensores de derechos las cuestionan en las cortes y están logrando prohibiciones judiciales que evitan su ejecución, al menos hasta que las cortes determinen su constitucionalidad.
Mientras tanto, unos 27 estados han rechazado cualquier legislación que copie la de Arizona, de los cuales 20 lo han hecho este año. Aún así, la tormenta que originó la ley de Arizona en el 2010 se propagó hacia Georgia en el 2011 y ahora ronda en Alabama.
Después de que Georgia aprobara su propia ley imitadora, el rugido de las fuerzas a favor de los inmigrantes se pudo escuchar clara y fuertemente en las calles de Atlanta. Ello culminó el día 2 de julio, cuando una gran cantidad de inmigrantes y personas que los apoyan — al menos 25,000 — participaron en la marcha más grande que Atlanta haya presenciado durante toda una generación.
Actualmente, el ojo del huracán se ubica en Alabama, donde elementos de la comunidad religiosa se han sumado a las fuerzas a favor de los inmigrantes. Por ejemplo, a finales de junio, se reunieron 160 personas en la Iglesia Metodista Unida de Highlands para celebrar la primera de una serie de “conversaciones de fe” sobre la nueva ley estatal sobre inmigración.
Tal como lo explicó el reverendo Matt Lacey, “este no es un asunto político para nosotros. Tampoco es un asunto de índole económica. Este es un asunto religioso.”
Mientras tanto, los estados de Nueva York, Illinois y Massachusetts decidieron salirse del programa denominado Comunidades Seguras (Secure Communities). Bajo este programa, las computadoras del Departamento de Seguridad Nacional verifican las huellas digitales de todos los sospechosos a los que la policía local o estatal abra un expediente para determinar si han cometido faltas relativas a asuntos migratorios.
Por lo general, los estados y las ciudades que deciden ya no participar en el programa es porque el mismo atrapa a personas equivocadas e infunde temor en la comunidad, dificultando así la colaboración con la policía (lo cual involucra a los jefes policiales en el marco de la lucha). El programa también cuesta demasiado dinero a los gobiernos estatales y locales, en un momento en que los mismos están enfrentando penosos recortes.
Pero muchos de los políticos que apoyan el retiro de “Comunidades Seguras” también lo hacen porque la oposición en las calles.
El Departamento de Seguridad Nacional ha cancelado sus acuerdos relativos al programa de Comunidades Seguras y ha señalado que todos los estados y los gobiernos locales no tienen más alternativa que utilizar tal programa.
Con ello, el Estado se expone a más confrontaciones entre el gobierno federal y la creciente cantidad de personas — tanto inmigrantes como nacionales — que apoyan el derecho de los inmigrantes.
