En el condado de Sonoma, California, están tomando la ley en sus propias manos.
Cada vez más, los propietarios de viviendas en el condado de Sonoma, California, están tomando la ley en sus propias manos y están desalojando a los inquilinos latinos — les cambian las cerraduras, les cortan los servicios básicos, o sacan sus pertenencias, o bien, entran a empujones para comenzar trabajos de “renovación”.
Bajo la ley de California, todo esto es abiertamente ilegal. Y en tiempos normales, actos como estos podrían significar hasta un año de prisión para el propietario de la vivienda. Los jueces también adjudicarían hasta $2,000 al arrendatario por concepto de daños punitivos.
Pero estos no son tiempos normales. Los inquilinos aún pueden acudir a estos recursos jurídicos y de hecho deben intentar hacerlo. Pero los tiempos difíciles de hoy han alentado a los propietarios de Sonoma, al igual que de todo el estado, a actuar al margen de la ley.
Algunos de estos propietarios pequeños, están tambien encarando la pobreza y se ven obligados a tomar medios desesperantes. Pero muchos, particularmente los propietarios grandes, únicamente están aprovechandose de los tiempos duro para recortar costos y aumentar sus ganancias.
Por lo general, los latinos de Sonoma que son nuevos en el país no conocen la ley y temen a las autoridades.
Algunas veces, todo lo que tiene que hacer el propietario de la vivienda para desalojarlos es amenazarlos con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o a la policía — aún cuando las leyes de California también establecen que este tipo de amenazas es ilegal.
Además de ello, las cortes de Sonoma están sobresaturadas con casos de bancarrota, ejecuciones hipotecarias, desalojos, recaudación de deudas y otros asuntos jurídicos que ha ocasionado la actual crisis económica. Por todo esto, resulta más difícil para los inquilinos ampararse a lo que la ley permite.
Los pasillos de la corte del condado de Santa Rosa están abarrotados. La gente debe esperar de pie y hacer largas filas hasta para disputar alguna boleta de tránsito. Y se ha reducido la cantidad de personal — se ha despedido a uno de cada siete trabajadores del condado, ya que el estado destina los cortes presupuestarios al condado.
Una mujer desempleada explicó a la publicación Santa Rosa Press Democrat que “la razón por la que debemos esperar en fila es porque no podemos pagar la multa inicial. Ahora, debido a que soy pobre, me van a cobrar más”.
Esto resume bastante bien la situación de la gente en otras áreas jurídicas.
Los bancos también están desalojando — legal o ilegalmente — a las miles de personas que enfrentan una ejecución hipotecaria. Estos bancos han comprado sus viviendas en los remates y subastas en las gradas de las cortes.
En casi el 40 por ciento de las viviendas cuya hipoteca están ejecutando los bancos, las personas que viven en las mismas son inquilinos y también están enfrentando desalojos ilegales. La ley federal exige que se les de 90 días para desalojar (o hasta que termine su contrato de arrendamiento).
Pero por lo general, los nuevos dueños y los agentes de los bancos les envían una notificación de 30 días y los acosan para que se vayan.
La lucha de los inquilinos para que se les trate justamente tiene una larga trayectoria en California. En la década de los 70, las asociaciones de inquilinos en varias ciudades —San Francisco, Oakland, Los Ángeles— ganaron con las leyes de control de alquiler.
Asimismo, ganaron derechos más amplios contra los desalojos.
Ahora se están atacando estos derechos en la Corte Suprema de California.
Y en la capital del estado, Sacramento, con el cabildeo de los poderosos propietarios se pone fin a cualquier intento de ofrecer ayuda a los inquilinos en el marco de esta crisis económica.
En la década de 1970, el grupo de presión de los propietarios consistía, en su mayoría, en dueños de edificios de apartamentos. Pero el colapso de la economía ha permitido que una fuerza aún más poderosa de un paso al frente: los bancos más grandes e influyentes del mundo.
En la década de 1970, cuando se organizaron los inquilinos, los mismos pudieron encontrar a algunos aliados naturales. Pero en el condado de Sonoma — y en otras partes — casi todos enfrentan un serio problema de vivienda, ya sea de un tipo u otro.
Las personas están teniendo problemas para obtener el dinero de su alquiler o su hipoteca. Por ello, se han visto en la necesidad de compartir sus viviendas. Asimismo, debido al colapso en los precios de las casas, han perdido el dinero de su jubilación, o ahora la hipoteca es mayor que el valor de la propia vivienda. O bien, ya se les está ejecutando la hipoteca, o se les ha desalojado, lo que les obliga a dormir en sus automóviles o en algún lado del bosque.
Y si esto aún no les ha sucedido, sí le ha ocurrido a algún amigo o familiar, o a alguien que conocen en el trabajo. Por ello, es importante que nos organicemos por nuestros derechos y nuestra propia supervivencia — todos, latinos y anglos juntos. Y esto sí es posible.
El pueblo unido.
